Un giro a la contratación pública

La nueva ley de contratos da más transparencia al proceso de adjudicación y más relevancia a la calidad.

Plantea controlar las bajas excesivas

Un nuevo ecosistema para las contrataciones de obra pública y de todo tipo de servicios acaba de surgir del Congreso de los Diputados, aunque en buena medida ha venido impuesto por las directivas comunitarias aprobadas a lo largo del 2014. La nueva ley de contratos plantea un método más racional y transparente que evita -sin perderlo de vista del todo- asumir la oferta económica como principal y a veces único criterio, dando relevancia a la calidad de los proyectos y a otros valores que la sociedad actual aprecia más que antes: el medio ambiente, los aspectos sociales y laborales, así como la innovación. En paralelo, hay también una apuesta para simplificar trámites y reducir la burocracia, que es a menudo lo que más obstaculizaba la transparencia en este tipo de procedimientos.

No obstante, el objetivo cardinal que se planteó en la esfera comunitaria y también en la estatal, aparte de aspirar a una mayor transparencia -en un país donde la mayoría de los casos de corrupción tienen que ver con la contratación pública-, fue «conseguir una mejor relación de calidad-precio», según se aclara en el preámbulo de la ley, vigente desde el pasado 10 de noviembre. Esta fue una de las obsesiones de las compañías de ingeniería gallegas agrupadas en Ageinco cuando, junto a otras asociaciones estatales del sector, hicieron lobby para convencer a los parlamentarios de que aceptaran su apuesta por poner la oferta económica en relación con la calidad, especialmente en los proyectos. «Nos reunimos con casi todos los grupos políticos para trasladarles nuestras reivindicaciones», explica Marta Gallego, secretaria general de Ageinco. Este hecho daría más opciones a las pequeñas y medianas empresas para acceder a las licitaciones públicas. En principio, parece que el nuevo marco legal garantiza un escenario de competencia más justo en el que pueden convivir las grandes constructoras y las empresas de ingeniería más modestas.

Este objetivo -exigir una alta calidad de partida a los proyectos- es quizás una de las mejores armas para luchar contra los sobrecostes que, de acuerdo con expertos que han estudiado este problema enquistado en la obra pública española, «suelen rondar el 20 % sobre el total de la obra», explica Jesús Rodríguez Morilla, doctor en Derecho que se ha especializado en algunas de las patologías del proceso de contratación. Sin embargo, Rodríguez Morilla advierte: «Esta ley da más garantías, pero no está claro que sirva para controlar los sobrecostes». En cualquier caso, se trata de dar un primer paso para regularlos e imponer un control de la Administración, con la tutela del Consejo de Estado, de aquellos modificados que estén por encima del 20 % del precio inicial del contrato.

El nuevo marco normativo, en cambio, sí parece que será especialmente exigente con lo que denomina «ofertas anormalmente bajas», que es el caldo de cultivo de donde a menudo surgen los modificados y, por tanto, un encarecimiento de la obra con el que deben cargar los contribuyentes. Pero también es el ambiente en el que se desarrolla la explotación laboral, los impagos a las subcontratas y otros aspectos negativos que la nueva ley quiere desterrar. De esta forma, la normativa obliga a los órganos de contratación a rechazar las ofertas «si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral».

El asunto de las bajas excesivas estuvo detrás del nuevo retraso en la puesta en servicio del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Galicia, como reconocieron algunos responsables políticos, entre ellos el propio presidente de la Xunta. Las empresas, en plena crisis, redujeron al máximo sus márgenes para hacerse con los contratos. Y después, en plena obra, intentaron mejorar sus beneficios a base de modificados que no siempre estaban sustentados en una argumentación técnica. Por esta y otras razones llegaron a paralizarse diecisiete tramos del AVE, pues el ADIF era reacio a aprobarlos sin un examen profundo de las motivaciones y, con el Gobierno en funciones durante casi un año, no había capacidad política para desbloquearlos. Ahora el ADIF considerar baja temeraria una oferta que esté un 2,5 % por debajo de la baja media de todas las ofertas. Hasta ahora era el 10 %. No obstante, el administrador ferroviario recuerda que, en virtud de la actual legislación, una oferta que se considere temeraria no puede ser descartada del proceso de adjudicación de forma automática.

parámetros «objetivos»

Así, la nueva ley establece que en los pliegos de licitación se especifiquen claramente «los parámetros objetivos» para identificar las ofertas anormalmente bajas. Es decir, cada contrato tendrá un límite que marcará la oferta económica mínima. Cuando se identifique que una empresa se presenta por debajo de ese umbral tendrán la oportunidad de justificar por qué ofrecen ese precio y deberá demostrar que es asumible ejecutar el proyecto en esas condiciones. Después, la mesa de contratación deberá estudiar si se garantiza la calidad del proyecto, las condiciones laborales, medioambientales y de seguridad, y determinar si las soluciones técnicas son compatibles con los objetivos. Si no es así, podrá excluir la oferta que suscitaba más dudas.

Pablo González
Redacción / La Voz 21/01/2018 05:00 h